En 2013, se aprobó una reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con la cual se modificaron, de manera importante, las condiciones del modelo regulatorio para el mercado eléctrico mexicano, con el propósito de impulsar la inversión privada, el desarrollo del sector y diversificar la matriz energética del país.
Esta iniciativa permitió al sector privado invertir y participar en la generación de electricidad, mediante la celebración de contratos1; además, priorizó la adquisición, por parte del Estado, de la energía más barata de cada generador2; y, finalmente, estableció que 2024 sería el año meta para lograr que 35% de la electricidad del país se generara por medio de energías renovables.
Asimismo, la regulación buscaba la obtención de grandes beneficios, como la modernización de la infraestructura de las plantas de energía en territorio nacional, el incremento de los participantes en el mercado, la reducción del precio de la electricidad y el combate a los efectos acelerados del cambio climático, a través del cumplimiento de los compromisos de nuestro país en la materia.
Ocho años después de este importante suceso para la industria eléctrica nacional, el Poder Legislativo busca discutir, actualmente, una nueva propuesta de reforma eléctrica, la cual podría modificar, una vez más, la dinámica de este sector. ¿Cuáles son los cambios más destacados que plantea? A continuación, mencionamos y analizamos cada uno de ellos.
La electricidad, actividad “estratégica” para el país Actualmente, el Estado, por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está encargado de la planeación estratégica, así como de la transmisión y la distribución de la energía eléctrica en México; mientras que la generación y la comercialización de ésta se llevan a cabo en un entorno de competencia abierta entre la CFE y el sector privado. La reforma que se proyectaba discutir en estos últimos meses de 2021, pero que finalmente se aplazó para abril de 2022, propone, en cambio: 1) que todas las actividades de la cadena de valor del sector eléctrico se cataloguen como “estratégicas” para la Nación, con lo cual, la generación y la comercialización de la electricidad volverían a ser responsabilidad exclusiva del sector público, a través de la CFE; y, 2) que el Estado esté obligado a la generación mínima de 54% de la electricidad total del país, mientras que el sector privado solo podría generar un máximo de 46%.
Es posible que, en consecuencia, estas modificaciones impacten, de manera directa, el mercado eléctrico mayorista mexicano, ya que las empresas privadas podrían comercializar la electricidad que producen, exclusivamente, con la CFE. Es probable que estas modificaciones impacten, de manera directa, el mercado eléctrico mayorista mexicano.
Rescisión de contratos de suministro eléctrico Uno de los puntos más discutidos de la iniciativa ha sido su propuesta de cancelar todos los contratos que se han firmado con las compañías privadas para la generación y suministro de electricidad (lo que hoy conocemos como mercado eléctrico mayorista). Lo anterior busca respaldar a la Comisión Federal de Electricidad como la única empresa que, de aprobarse la reforma, tenga control total sobre la cadena de valor de la industria eléctrica mexicana. Esta posibilidad está preocupando a distintos jugadores del mercado, debido a que el sector privado ha invertido una gran cantidad de recursos en la construcción y en la puesta en marcha de instalaciones modernas y capaces de producir electricidad más limpia y económica, a fin de mejorar las tarifas finales de los clientes; en este sentido, si sus permisos de generación desaparecen, los mexicanos podrían terminar consumiendo electricidad proveniente de plantas más antiguas y contaminantes, y a un mayor costo.
En caso de que se efectuara la cancelación de contratos, aún existe incertidumbre sobre qué va a ocurrir con las inversiones ya realizadas –las cuales, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) suman 44 mil millones de dólares1– y con el costo que las indemnizaciones generen al presupuesto público (que podría ser una cantidad superior).
[1] “El CCE señala que la reforma eléctrica compromete inversiones por 44 mil millones de dólares”, Expansión, 5 de octubre de 2021.
La supresión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Otro aspecto relevante de la iniciativa consiste en que la Secretaría de Energía (SE) absorbería las facultades y atribuciones de estas comisiones, las cuales dejarían de existir.
Tanto la CNH como la CRE son órganos con autonomía técnica. El primero regula al sector petrolero en cuanto a exploración y producción, mientras que el segundo administra los permisos para generar electricidad en el país y regula los mercados de gasolinas, por lo que su desaparición podría provocar un alto impacto en la industria energética mexicana, al no especificarse qué área de la Secretaría de Energía se encargaría de las respectivas funciones.
El desafío, con este cambio, sería garantizar que la dependencia federal, la cual sería juez y parte de la industria, mantenga una postura imparcial al vigilar y sancionar, por igual, las violaciones a los reglamentos por parte de los sectores público y privado.
Los distintos participantes en la industria eléctrica aún están a tiempo de llegar a un acuerdo y trabajar por un futuro ‘luminoso’ para México.
El Estado, el único rector de la transición energética hacia la sostenibilidad Desde el inicio de las subastas de generación de energía eléctrica en México, las empresas privadas, así como los accionistas y los fondos de inversión, han realizado aportaciones económicas importantes destinadas a las energías renovables –por ejemplo, han diseñado y construido plantas eólicas (que transforman la energía del viento en electricidad) y fotovoltaicas (que crean electricidad mediante la luz solar), las cuales han obtenido, de la Comisión Reguladora de Energía, un Certificado de Energías Limpias (CEL), gracias a que producen energía eléctrica a partir de fuentes limpias–.
Además, el sector privado ha presentado estrategias inteligentes de energía con miras al futuro, a fin de que nuestro país esté más cerca de cumplir con sus compromisos climáticos nacionales e internacionales –provenientes de la Ley de Transición Energética y del Acuerdo de París, respectivamente–.
Pero, debido a que la reforma elimina, expresamente, los CEL, no existirían los incentivos para la sostenibilidad y, por lo tanto, la transición energética se vería impactada. ¿Por qué? Porque dicho proceso se ejecutaría mediante el Plan de Negocios 2021-2025, de la Comisión Federal de Electricidad; y el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ambos, documentos que no contemplan, con claridad, inversiones relevantes en plantas eólicas o fotovoltaicas en nuestro territorio.
Por otra parte, el marco legal mexicano establece, hoy, criterios de eficiencia económica para el despacho eléctrico, lo que significa que las plantas generadoras más eficientes son las primeras en inyectar energía a la red, lo cual otorga grandes ventajas a aquellas que utilizan recursos renovables, entre ellas, su bajo costo.
No obstante, si la reforma entra en vigor, la CFE ya no estaría obligada a dar prioridad a las energías más baratas o eficientes y podría decidir, libremente, qué electricidad despachar en primer lugar.
Si la reforma entra en vigor, la CFE ya no estaría obligada a dar prioridad a las
energías más baratas o eficientes.
Hacia un futuro eléctrico ‘luminoso’ Una vez descritos los mayores cambios e implicaciones que supondría la reforma eléctrica, es importante mencionar que, para lograr convertirse en texto constitucional, deberá ser discutida y aprobada por una mayoría calificada –de dos terceras partes de los integrantes presentes– tanto de la Cámara de Diputados como del Senado y, adicionalmente, por la mayoría de las legislaturas estatales. Sin embargo, como mencionamos antes, la iniciativa aún tiene temas pendientes. Por ejemplo, qué instancia regularía el mercado eléctrico mexicano; cuáles son las estrategias y mecanismos para que las empresas privadas generen, como máximo, 46% de la electricidad del país; qué criterios tendría que cumplir la CFE en la compra de energía eléctrica; cómo se va a indemnizar a las empresas privadas a las que se les rescindan contratos; y de qué forma México cumpliría con sus compromisos de combate al cambio climático.
La reforma, tal como está, tiene ciertos aspectos que podrían ir en contra del Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) y otros tratados bilaterales de inversión que ha celebrado nuestro país.
La discusión acerca del panorama eléctrico nacional aún está por definirse, pero, con el fin de propiciar un diálogo ágil, los distintos participantes en la industria, tanto públicos como privados, e incluso la misma ciudadanía, aún están a tiempo de llegar a un acuerdo y trabajar en conjunto por un futuro ‘luminoso’ para la electricidad en México, el cual satisfaga, por medio del marco legal, las necesidades de las personas, de los sectores económicos y de nuestro planeta.
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Miguel Navarro | Socio Lider
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